Primeras víctimas fatales por coronavirus en comunidades indígenas de la Amazonía

“El COVID-19 dispone de un terreno fértil para propagarse rápidamente entre las poblaciones que viven en la Amazonía”, afirma el presidente de un reconocido grupo que defiende los derechos indígenas.

Thursday, April 16, 2020,
Por Scott Wallace
El río Itaquaí atraviesa la región amazónica del extremo oeste de Brasil y desemboca en el ...

El río Itaquaí atraviesa la región amazónica del extremo oeste de Brasil y desemboca en el territorio indígena del Valle del Javari, una extensa reserva donde habitan las tribus indígenas más apartadas y aisladas del mundo. Los profesionales de la salud y activistas de los derechos humanos sostienen que el coronavirus podría arrasar con grupos indígenas enteros. Por lo tanto, solicitan al gobierno que tome medidas urgentes para asegurar los límites de los territorios donde viven estas tribus vulnerables.

Fotografía de Nicolas Reynard, Nat Geo Image Collection

Tras registrarse las primeras muertes por coronavirus entre poblaciones indígenas vulnerables en la región amazónica, las autoridades brasileñas y los activistas por los derechos humanos advierten sobre la posibilidad de un inminente desastre de salud pública.

El 9 de abril, los profesionales de la salud en el estado norteño de Roraima informaron la muerte por COVID-19 de un adolescente yanomami, y se teme que decenas de amigos y vecinos puedan haber contraído la enfermedad desde la aparición de síntomas tres semanas atrás. El joven se había movido de un lado a otro por un área plagada de mineros de oro, y se desconoce dónde o de quién se contagió.

Se trata de la segunda víctima fatal indígena en Brasil. Ahora son siete los infectados que pertenecen a tribus del país, y se encuentran distribuidos en tres estados amazónicos. Entre ellos, cuatro miembros de la tribu kokama, que se contagiaron en el estado occidental de Amazonas de un médico del servicio de salud indígena, quien había regresado recientemente de una conferencia en el sur de Brasil y no cumplió con los protocolos de autoaislamiento.

Los habitantes indígenas de Moxihatetema, en el corazón del territorio yanomami, estado de Roraima, han evitado siempre el contacto con personas fuera de su región, incluso con otros grupos del territorio yanomami. Pero se descubrió que, a pocos kilómetros de la aldea, se realizan operaciones ilegales de extracción de oro, y los líderes indígenas culpan a los mineros por la primera víctima fatal del COVID-19 registrada en yanomami. Temen que el virus haga estragos en aldeas como Moxihtatetema si no se expulsa pronto a los buscadores de oro.

Fotografía de Guilherme Gnipper Trevisan/Hutukara

En el estado de Pará, en el norte y centro de la Amazonía, la autopsia que ordenaron los investigadores confirmó el fallecimiento por COVID-19 de una mujer borari de 87 años. Las personas que asistieron al funeral de la mujer a fines de marzo, se amontonaron sin saber que ella portaba el virus mortal y podía transmitir la enfermedad. Debido al gran número de asistentes en la ceremonia, se teme que surjan muchos más casos en los próximos días, lo que colapsaría los ya débiles sistemas de atención médica de la región.

"Debido al gran flujo de movimiento de personas de un estado a otro que existe en la región amazónica, y a la falta de políticas públicas...el COVID-19 dispone de un terreno fértil para propagarse rápidamente entre las poblaciones que viven en la Amazonía, lo que podría provocar un desastre a corto o mediano plazo”, explica Roque Paloschi, arzobispo de Porto Velho, Rondônia y presidente del Consejo Misionero Indígena de la Iglesia católica.

El 8 de abril, el Ministerio Público Federal de Brasil, como se denomina a la oficina del fiscal federal, advirtió que había un "riesgo de genocidio" en medio de las acusaciones de que FUNAI, organismo de asuntos indígenas de Brasil, había hecho poco para evitar el contagio entre las comunidades nativas. El Ministerio Público Federal también reafirmó el pedido de destitución inmediata de Ricardo Lopes Dias, misionero evangélico designado en febrero para dirigir el Departamento de Indígenas aislados y recientemente contactados de FUNAI.

Dias es un pastor veterano de la Misión Nuevas Tribus, fundada en Los Ángeles en 1942 con el objetivo de evangelizar tribus aisladas en América del Sur. Tras ser nominado para el puesto de FUNAI, se temió que desatendiera la misión estratégica de proteger a las tribus aisladas de las fuerzas del mundo exterior.

Luego de una ardua labor durante décadas, las agencias que colaboran con FUNAI han confirmado la existencia de 28 comunidades que viven en aislamiento extremo en la Amazonía brasileña, y se cree que podría haber hasta 80 comunidades más. Desde 1987, la justicia federal ha prohibido la entrada de personas ajenas en los territorios donde se sabe que existen grupos aislados, principalmente para proteger a las tribus de enfermedades transmisibles contra las cuales tienen escasas o ninguna defensa inmunológica.

Los críticos temen que Dias haga la vista gorda a los misioneros y los grupos con fines de lucro que ignoran los límites de los territorios, los dejan expuestos al contagio, y arrebatan sus tierras y tradiciones.

Dias desestimó las acusaciones y expresó que su departamento continúa operando 21 puestos de avanzada que controlan el acceso a las tierras de los grupos aislados.

"El compromiso que asumió FUNAI para proteger a los pueblos indígenas aislados y recientemente contactados se mantiene firme", declaró a National Geographic a través de un correo electrónico. "Estamos cumpliendo con las normas dictadas por las autoridades sanitarias competentes, y estamos tomando medidas para gestionar la crisis sanitaria mundial de la mejor manera posible".

Los kayapó, habitantes de la cuenca del río Xingú, en la región central del Amazonas, luchan por preservar sus tradiciones culturales en medio de las influencias del mundo moderno. En los últimos días, los líderes de los kayapó han negociado la prohibición de buscadores de oro en su territorio durante la crisis del coronavirus. En otros sectores, las patrullas de vigilancia de los kayapó han talado árboles para bloquear los caminos de acceso que conducen a su reserva.

Fotografía de Felipe Fittipaldi

El caso del adolescente yanomami afectado por el virus ha tocado un punto muy sensible para los líderes y activistas tribales. Unos 22.000 yanomamis viven en comunidades remotas en la escarpada selva montañosa a lo largo de la frontera con Venezuela. Muchas de sus aldeas tienen poco o ningún contacto con el exterior, y miles de buscadores de oro ya se han infiltrado ilegalmente en la extensa reserva, lo que significa una grave amenaza para la tribu. A raíz de esto, hace unas semanas, los líderes yanomamis solicitaron a los funcionarios la expulsión de los mineros. El joven pertenecía a una comunidad ribereña invadida por varios campamentos mineros.

"Deberían hacer su trabajo para evitar que la epidemia ingrese en nuestros hogares a través de los caminos abiertos por invasores no indígenas", advirtió la Asociación yanomami Hutukara en una carta abierta dirigida a las autoridades federales de la salud y de asuntos indígenas el 19 de marzo.

Los activistas están particularmente preocupados por el asentamiento de la tribu moxihatetema, cuyos habitantes han evitado siempre el contacto con personas ajenas, incluso con otras comunidades yanomami. Hace unos años, los buscadores de oro han descubierto que a menos de 30 km de la aldea podían obtener oro, e incluso antes de la amenaza del COVID-19, los líderes de la tribu yanomami comenzaron a preocuparse por la supervivencia de la comunidad, ya que el avance de los mineros suponía la introducción de diferentes enfermedades.

Las imágenes satelitales revelan que el brote del coronavirus no parece haber desalentado las operaciones mineras en el territorio yanomami; Dias sostiene que su departamento abrirá pronto dos puestos de avanzada más para controlar el avance de mineros. Por su parte, el gobierno del presidente Jair Bolsonaro planea legalizar la minería dentro de las tierras indígenas en todo el Amazonas.

“Un solo plan de contingencia”

Los expertos sostienen que hoy más que nunca hay que preservar el aislamiento de las comunidades indígenas remotas. "En mi opinión, el único plan de contingencia que garantizaría la supervivencia de estos grupos es la expulsión de los invasores de estas áreas y la protección de todas las tierras donde pueda haber isolados", sostuvo Douglas Rodrigues, especialista en Atención médica indígena de la Universidade Federal de São Paulo. Rodrigues ha trabajado en comunidades nativas amazónicas durante los últimos 40 años. "Es deber del gobierno brasileño", agregó.

Rodrigues señaló que una vez que el virus ha ingresado a una aldea indígena tradicional con viviendas comunales es casi imposible contener el contagio. "Los miembros de familias extensas comparten la casa con muchas personas e intercambian una enorme variedad de objetos y alimentos", explicó.

Ante la ausencia de medidas gubernamentales sólidas, algunas tribus se han estado organizando para detener la propagación de la pandemia. A lo largo del río Xingú en la Amazonía central, los kayapó han llegado a un acuerdo con los mineros para que interrumpan sus operaciones y se retiren del territorio. A lo largo del río Tapajós en el estado de Pará, la tribu muduruku ha levantado pancartas para prohibir la entrada de visitantes no autorizados. Las patrullas de vigilancia han redoblado sus esfuerzos para proteger el territorio indígena Raposa do Sol en Roraima, incluso sin abandonar el protocolo de distanciamiento social entre los miembros de la patrulla.

Pero según informes realizados en otros sectores, parece que los mineros y leñadores ilegales, y los usurpadores de tierras estarían aprovechando la crisis sanitaria para adentrarse cada vez más en los territorios indígenas. En los últimos días, han rugido motosierras y máquinas en los bosques de la tribu karipuna, en el estado de Rondônia. La Asociación indígena de la tribu karipuna indicó que los miembros de la tribu tuvieron que mirar de lejos y sin poder hacer nada cómo los invasores arrasaban descaradamente con sus tierras. 

El 31 de marzo, Zezico Rodrigues, líder del pueblo guajajara, fue encontrado muerto tras haber recibido varios disparos frente a su aldea en el territorio indígena de Arariboia en Maranhão. Los investigadores aún no han encontrado sospechosos, pero los guajajara han entrado en guerra con leñadores ilegales, y desde noviembre pasado, ya han muerto cinco de sus miembros.

¿Acaso los partidarios de Bolsonaro ven en la crisis sanitaria un aspecto positivo, una oportunidad de desplazar a las tribus aisladas y apropiarse de sus recursos?

"Creo que no sería ridículo pensar en esa posibilidad, teniendo en cuenta el fracaso del gobierno para implementar medidas de protección para las poblaciones indígenas de manera oportuna", expresó Sydney Possuelo, ex miembro de FUNAI y principal defensor del criterio de no permitir el ingreso de personas externas a las tribus no contactadas de Brasil, una política que sigue en pie, a pesar de la intención declarada de Bolsanaro de integrar a los grupos en la sociedad nacional y explotar las riquezas de sus tierras.

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