En Brasil, los indígenas luchan para que no se lleven a sus hijos

"Siempre lo estaré esperando", expresa una mujer a quien separaron de su bebé pocos días después de su nacimiento.

Friday, July 17, 2020,
Por Jill Langlois
Fotografías de Flavio Forner
Tres hermanos kaiowá y un vecino juegan en Ñu Vera, cerca de Dourados, Brasil. Al hermano ...

Tres hermanos kaiowá y un vecino juegan en Ñu Vera, cerca de Dourados, Brasil. Al hermano menor de estos niños lo separaron de la familia poco después de su nacimiento.

Fotografía de Flavio Forner

Un día de febrero de 2015, mientras el viento cálido azotaba las altas llanuras de la ciudad brasileña de Dourados, a Élida de Oliveira le quitaban a su hijo recién nacido.

Oliveira, miembro del grupo indígena kaiowá, había dado a luz sola, en la casa precaria donde vivía. El padre del niño la había dejado cuando supo que estaba embarazada de su séptimo hijo. Su vivienda, construida con restos de madera, láminas de plástico y lonas, se encuentra en Ñu Vera, un territorio recuperado del estado de Mato Grosso do Sul, a las afueras del perímetro de la reserva más poblada de Brasil, la Reserva Indígena Dourados, que limita con la ciudad de Dourados, a unos 120 km de la frontera con Paraguay. En esta tierra ancestral de los kaiowá, no hay electricidad ni agua corriente, ni tampoco posibilidades de cultivar, en un terreno azotado por el calor, los alimentos tradicionales (maíz blanco, mandioca, papas, calabaza) que nutren tanto el cuerpo como el alma.

El pueblo guaraní-kaiowá reclama un territorio ancestral conocido como Ñu Vera, ubicado fuera de la Reserva Indígena Dourados; sin embargo, la ciudad de Dourados (arriba a la izquierda) continúa invadiendo el área.

Una semana después del nacimiento, un funcionario de salud de la comunidad vio a Oliveira y a su bebé. Le indicó que lo llevara a la clínica de la reserva al día siguiente a las 4 p.m. para pesarlo, emitir su libreta sanitaria, y comenzar con las vacunas, del mismo modo en que se había procedido con sus otros hijos cuando nacieron. Lo que el hombre no le dijo fue que ya había notificado a una agencia gubernamental de protección infantil.

Desde que los portugueses colonizaron Brasil hace unos 520 años, los pueblos indígenas han luchado por recuperar sus derechos, particularmente, la tierra ancestral que es la base de su cultura y su conexión con la comida tradicional, la familia, el idioma y la oración. El gobierno actual, liderado por el presidente Jair Bolsonaro, quien prometió que no le daría "un centímetro más" de tierra a los pueblos indígenas, ha exacerbado este problema cuyo origen es previo a su mandato.

Los pueblos indígenas en Dourados hoy están luchando para poder quedarse con sus hijos, ya que los están separando de sus familias a un ritmo alarmante. Las familias se encuentran en una situación desesperante: para que su cultura sobreviva, necesitan mantener su conexión con la tierra ancestral. Pero esa tierra ya no puede alojarlos, y esto deriva en demandas por negligencia por parte de agencias de un gobierno que preferiría que simplemente asimilaran la cultura hegemónica.

Un coche esperando en la puerta

En la clínica, a Oliveira le pidieron que tomara asiento mientras llevaban a su bebé a otra habitación para pesarlo. Le dijeron que, mientras tanto, a ella le tomarían la presión arterial.

Élida de Oliveira en su casa en Ñu Vera, donde dio a luz a su hijo sola.

Pero tardaban demasiado en regresar. Oliveira veía cómo los empleados de la clínica pasaban por delante de ella, la ignoraban y terminaban atendiendo a los demás pacientes.

Finalmente, se acercó un miembro del personal. Oliveira, quien solía hablar con voz suave, le imploró a la mujer que le dijera dónde estaba su hijo. La mujer suspiró. Había un auto esperando en la parte de atrás, le dijo. Un representante de la agencia gubernamental de protección infantil se había llevado a su bebé.

Oliveira se quedó esperando en la clínica durante horas, convencida de que se trataba de un error. Sabía que no tenía mucho, pero que siempre se había esforzado por darle a sus hijos un plato de comida, un techo digno y educación a la edad que se exigía que fueran a la escuela.

Alguien de la clínica le dijo que debía irse a casa y esperar una carta de un juez que le diera permiso para visitar a su hijo. Finalmente desistió, ya que necesitaba ir a casa para cuidar a sus otros hijos. Pero se preguntó cómo le llegaría esa carta: en Ñu Vera no había direcciones.

Durante 30 días, Oliveira esperó una carta que nunca llegaría. Había oído hablar de otros niños que habían sido arrebatados de sus familias en Ñu Vera y en la reserva de Dourados, pero nadie sabía qué había sido de ellos.

El Consejo Misionero Indígena (Cimi) se ofreció a ayudar. La organización sin fines de lucro creada en 1972 venía trabajando hacía mucho tiempo con las tribus que vivían en la reserva y las tierras recuperadas circundantes. Junto con otros activistas locales de derechos indígenas, el Cimi creó una red de apoyo para Oliveira, y la ayudaron a reunir los documentos necesarios para solicitar información sobre el paradero de su hijo y los requisitos para poder verlo y recuperarlo.

Y así fue que se enteró por qué se habían llevado a su bebé. El gobierno había dicho que el niño no era de ella.

“El lugar donde somos lo que somos”

La población indígena en la ciudad de Dourados no supera el 10 por ciento, pero los niños indígenas representan la mayor proporción de los niños bajo custodia del estado: el setenta por ciento, según un informe de 2017 de la Fundación Nacional del Indígena (FUNAI) del gobierno federal. A la mayoría de esos niños (62 por ciento) los llevaron alegando casos de negligencia, generalmente vinculados a la pobreza. Sin embargo, existe un estatuto federal que establece que "la falta o la necesidad de recursos materiales no es razón suficiente para eliminar o suspender los derechos familiares".

Florencia Reginaldo, que vive en la Reserva Indígena Dourados, estaba cuidando a los hijos de su hermana Elisabete cuando las autoridades entraron a la casa para llevarse a los niños y ponernos bajo tutela del estado. Allí quedaron durante una semana hasta que su madre, que había tomado un trabajo fuera de la ciudad, pudo pelear por la custodia.

La mayoría de los niños en custodia del estado provienen de la reserva de Dourados. Es una de las siete reservas que, entre 1910 y 1928, Brasil estableció en la región para albergar a las familias kaiowá y guaraní que el gobierno había desalojado de sus tierras. Sin poder recuperar sus tierras o tekohas, una palabra guaraní que significa "el lugar donde somos lo que somos", las familias fueron expulsadas violentamente, y se las obligó a regresar a las 3.500 hectáreas de la reserva.

Hoy la reserva tiene una extensión de 3.000 hectáreas, una reducción que se efectuó entre el momento en que se emitió el decreto para crear la reserva y el momento en que la tierra se registró formalmente en una oficina del estado. Claramente, un área muy pequeña para que 18.000 habitantes, en su mayoría kaiowá, guaraní y terena, puedan subsistir. En la reserva, los trabajos son muy escasos, y los hombres deben irse durante meses para conseguir trabajo, por lo general, en granjas de caña de azúcar y en minas ubicadas en tierras que alguna vez fueron suyas.

Cuando se van a trabajar, las madres solteras como Elisabete Reginaldo tienen que dejar a sus hijos con otros miembros de la familia. Reginaldo, una mujer terena de 39 años, solía trabajar como cocinera en un rancho cercano y regresaba a casa tres días al mes para ver a sus hijos. Mientras ella estaba fuera de casa, su hijo y su hija se quedaban con parientes. Pero debido a las acusaciones de negligencia y abandono, la agencia de protección infantil separó a los dos niños de su madre sin previo aviso.

Después de una semana, Reginaldo recuperó la custodia de sus hijos, algo que no suele suceder en la reserva. El trabajo como cocinera le aportaba más dinero que la peluquería que abrió para poder estar más cerca de sus hijos; pero es lo que debió hacer para evitar perderlos nuevamente.

Las casas de Florencia y Elisabete Reginaldo se encuentran una al lado de la otra en la aldea Jaguapiru en la Reserva Indígena Dourados.

En las tekohas que perdieron familias como los Reginaldo y los Oliveira habitaban grandes familias extendidas. Los pueblos indígenas podían andar por la tierra y usarla para lo que necesitaban: vivir, plantar, cazar, pescar, rezar. Ahora están restringidos, inmóviles, lejos de sus territorios ancestrales, y la conexión con sus culturas se ha quebrado.

"La reserva es un lugar pensado para transformar a los pueblos indígenas en pueblos no indígenas", expresa Eliel Benites, profesor de kaiowá en la Universidade Federal da Grande Dourados. “Para los pueblos indígenas, todo gira en torno a su territorio. Cuando pierden su tekoha, se pierden ellos mismos”.

Galletas, dulces y yogurt

Cuando una mujer guaraní está embarazada, sueña con loros. Para muchos de los subgrupos dentro de la etnia guaraní, incluido los kaiowá, los niños se consideran seres en constante movimiento, que actúan como los ojos de Dios dentro de la familia. Las almas de los niños están representadas por pájaros, y sus nombres se eligen cuidadosamente, ya que se considera que calman sus espíritus y les permiten quedarse en esta tierra.

Élida de Oliveira comienza la caminata de dos horas y media hasta Lar Santa Rita, el orfanato en el centro de Dourados donde su hijo de cinco años ha vivido desde que nació.

Sin embargo, el juez a cargo del caso de Oliveira cambió el nombre de su hijo. Agregó el nombre "Raoni", en honor al famoso jefe kayapó conocido por defender el Amazonas. Para la madre kaiowá, eso no tenía sentido: el jefe Raoni era de otra tribu, no de la suya. El nombre completo del niño no puede revelarse aquí ya que se trata de un menor en guarda del estado. Pero la forma en que se cambió su identidad es una prueba de la ignorancia del juez sobre las vastas diferencias entre las 305 etnias indígenas en Brasil, un desconocimiento compartido por muchos brasileños.

La humillación continuaba. Oliveira se enteró que su hijo había sido llevado a Lar Santa Rita, uno de los cuatro hogares para niños en la ciudad. Al principio, no le permitían visitarlo; se habían presentado otras dos mujeres diciendo que eran la madre del niño. El funcionario de salud de la comunidad que había dado aviso al servicio de protección infantil para que se llevaran al bebé de Oliveira argumentó que nunca había visto a Oliveira embarazada, así que estaba seguro de que el bebé no podría ser suyo.

Los tribunales tardaron más de año y medio en realizar una prueba de ADN. El resultado confirmó que el bebé era el hijo de Oliveira, pero recién seis meses después le permitiera verlo. Nadie pudo explicarle por qué esas mujeres habían dicho que eran la madre del niño o por qué se había demorado tanto la prueba de ADN, e incluso después de que se demostró su maternidad, no le devolvieron a su hijo. A Oliveira se la acusó de negligente y de tener una vivienda poco apta. (Cuando se interrogó a los funcionarios del servicio de protección infantil sobre el caso de Oliveira para la elaboración de este informe, respondieron que no podían brindar datos concretos, ya que ninguno de sus trabajadores sociales vigentes había estado allí cuando se llevaron al bebé en 2015. Los tribunales también se negaron a hacer comentarios, argumentando que no correspondía por cuestiones de confidencialidad, ya que el caso involucraba a un menor).

Luego de que le negaran la custodia, visitar a su hijo ha sido todo un desafío. Oliveira tenía que caminar dos horas y media desde su casa hasta el hogar Lar Santa Rita en el centro de la ciudad. En un par de ocasiones no pudo hacer el largo viaje; por lo tanto, la acusaron de abandonar a su hijo y revocaron sus derechos de visita.

El hijo de Oliveira hoy tiene cinco años, ha vivido toda su vida en Lar Santa Rita y no habla el idioma de su madre ni conoce su cultura. Le pide que le traiga cosas como galletas, dulces y yogurt, alimentos que no habría conocido si hubiera sido criado en la comunidad kaiowá en Ñu Vera.

Según Monica Roberta Marin de Medeiros, directora de Lar Santa Rita, no es prioritario asegurar que los niños indígenas del hogar mantengan contacto con sus culturas.

"Nuestros pueblos indígenas no son esos pueblos indígenas aislados de la Amazonía", sostuvo. "No se trata de niños y adolescentes indígenas aislados". Ellos quieren computadoras, quieren tabletas, quieren teléfonos celulares”.

El director del hogar contó que una vez contrató a una "madre social" indígena, una mujer que vivía en el hogar y cuidaba a los niños como lo haría su madre, pero que no funcionó porque "había ciertos hábitos, costumbres, y cuestiones de higiene que resultaban insostenibles”.

Los activistas y profesionales indígenas que trabajan en el sistema de bienestar social afirman que cortar las conexiones de los niños indígenas con sus familias, comunidades, idioma y cultura es una violación de sus derechos.

"No puede negarse que el racismo que existe en Brasil", sostuvo Marco Antônio Delfino de Almeida, fiscal federal en Dourados, especialista en los derechos humanos de los pueblos indígenas. “Lo primero que debe hacer un juez es consultar a la comunidad indígena. Pero la ley permite que la comunidad sea sustituida por un representante de la rama federal del gobierno que se ocupa de la política indígena, o un antropólogo. Entonces FUNAI y los antropólogos terminan hablando por ellos”.

Alice Rocha, trabajadora social para la agencia de protección infantil en Dourados desde 2016, sostiene que la decisión de poner a un niño bajo cuidado estatal depende de un juez y, una vez que ese niño ha ido a un hogar, este ya no supervisa su día a día.

"Creo que las instituciones que acogen a estos niños y no se preocupan por preservar su cultura indígena están violando completamente sus derechos", afirmó. "Lo que está sucediendo es un genocidio. Es un genocidio de pueblos indígenas. Al estado no le interesa empoderar a los pueblos indígenas, no le interesa darles voz".

"Siempre lo estaré esperando"

Al no contar con tierra suficiente para cultivar y abastecerse, la familia de Oliveira dependía de la cesta básica que proporciona FUNAI: una caja llena de alimentos básicos como arroz, frijoles, pasta, aceite de cocina, azúcar y café. Pero a fines del año pasado, la agencia gubernamental decidió abolir el apoyo a los pueblos indígenas en el estado de Mato Grosso do Sul que no viven en tierras indígenas reconocidas oficialmente.

Para familias como la de Oliveira, la decisión de la agencia no solo significa pasar hambre, sino que también les da a los tribunales un motivo más para mantener a sus hijos en guarda estatal. Aun si Oliveira quisiera mudarse a una casa en la reserva, donde todavía se brindan beneficios, no la dejarían. Ya no queda lugar en la tierra de la reserva, y para los kaiowá, resulta vital recuperar la tierra de Ñu Vera.

El caso aguarda la sentencia que determinará si Oliveira volverá a tener la custodia del niño o si será puesto en adopción. Ya han pasado cinco años de audiencias y resoluciones, y Oliveira no comprende completamente cómo funciona el proceso. Todo lo que sabe es que quiere que le devuelvan a su hijo.

El pasado octubre, durante una soleada tarde, Oliveira vio a su hijo en el hogar; él jugaba en el patio, y se subía a un tobogán de plástico naranja mientras su hermano de 11 años se reía y lo perseguía. Oliveira le había llevado su paleta favorita, y sonrió cuando el niño se detuvo junto a ella para tomar un trago de agua, debajo de una casa de juegos pintada con coloridas imágenes de peces.

"Si pudiera volver a casa con él, sería el momento más feliz de mi vida", expresó Oliveira, mientras le quitaba el pelo de la cara. "Siempre estaré con él. Siempre lo estaré esperando".

El trabajo realizado para este proyecto contó con el respaldo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa: Reporting Grants for Women’s Stories (Subvenciones para documentar historias de mujeres).
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